La ampliación del aeropuerto de El Prat aumentará un 22% las emisiones de gases contaminantes

La ampliación del aeropuerto de El Prat aumentará un 22% las emisiones de gases contaminantes

Un estudio del Observatorio DESCA considera que hacer crecer esta actividad "vulnera los derechos humanos" y es "incompatible" con un escenario de crisis climática Así son las inversiones de Aena hasta 2031 aeropuerto a aeropuerto La ampliación del aeropuerto de El Prat supondrá un incremento del 21,8% de las emisiones de gases contaminantes de cara a 2033, año en que está previsto que la nueva infraestructura funcione a pleno rendimiento. Así lo apunta un informe del Observatori DESCA publicado justo cuando el Gobierno ha aprobado el Dora III, el plan que regula las inversiones que hará Aena en los aeródromos durante los próximos cinco años. Dentro de los 13.000 millones de inversión para toda España, el plan contempla las primeras partidas para preparar la ampliación de la tercera pista del Prat, que hará que Barcelona pueda pasar de los 55 millones de visitantes a 70. El estudio del Observatorio DESCA parte de esta estimación de crecimiento, junto a la cifra de incremento de la contaminación causada por la actividad de El Prat en la última década, para elaborar el cálculo de cuánto CO 2 extra se enviará a la atmósfera si finalmente se culmina el proyecto. Según datos de Aena, el crecimiento en la actividad y el número de vuelos en El Prat ha provocado la emisión de un 76,7% más de CO 2 desde 2016. Esta evolución ha ayudado a las investigadoras a calcular que, de cara a 2033 –fecha en la que debería estrenarse la ampliación se podría llegar a los 5,6 millones de toneladas de dióxido de carbono. Ese escenario podría empeorar hasta los 6,4 millones en el caso de que se llegara a los 80 millones de viajeros anuales. Eso supondría que el aeropuerto de Barcelona emitiría la misma cantidad de polución anual que un país como Chipre. Todo ello, sólo teniendo en cuenta las emisiones provocadas por los vuelos y sin contar el impacto del funcionamiento diario de la estructura y la actividad en tierra. Las investigadoras, Ariadna Rigau Castells y Lucia Garcia Muñoz, alertan de que sus estimaciones son “a la baja” debido a diversos motivos. El primero es una “falta general de datos y transparencia” respecto al impacto real que tienen las actividades en El Prat. También insisten en que sus estimaciones se han diseñado manteniendo la proporción actual de las rutas nacionales, europeas y transoceánicas, aunque el objetivo de la ampliación es aumentar los vuelos intercontinentales. “Estos son, precisamente, más largos y, por tanto, más contaminantes”, apunta el estudio. Por todo ello, esperan que la propuesta de ampliación, que fue pactada entre Aena y la Generalitat el pasado año , no llegue a llevarse a cabo. A pesar de que las inversiones iniciales han sido aprobadas este martes, las entidades y grupos ecologistas esperan que la Comisión Europea frene la iniciativa tras analizar el impacto que el crecimiento de la pista tendría sobre los terrenos protegidos de La Ricarda, que forman parte de la Red Natura 2000. A la incógnita de aval de Europa suman también “la oposición ciudadana” que ya mostró una oposición frontal a la propuesta de ampliación desde que empezaron a sonar campanas allá por 2021. En ese momento, las miles de personas salieron a la calle fueron clave para que el Gobierno paralizara el proyecto después de que el Govern de Pere Aragonès manifestara dudas sobre las posibles repercusiones ambientales. Años después, con el socialista Salvador Illa en cabeza del Ejecutivo catalán, el proyecto volvió a revivir y, con él, la indignación de la ciudadanía que este sábado 20 de septiembre ha vuelto a convocar una protesta en las calles de Barcelona. “Incompatible” con los derechos humanos “La actividad humana es la principal causa de la emergencia climática. Desde hace años, los Estados pactan limitar las emisiones, pero las medidas adoptadas no han sido suficientes”, apuntan las investigadoras. Recuerdan que no ha sido posible evitar el calentamiento global por encima de los 1,5 grados y que, ahora, las políticas de mitigación se han marcado el objetivo de evitar los 2,8 grados de cara a final de siglo. Por ello, consideran que decisiones como la de ampliar el aeropuerto de El Prat “vulneran derechos humanos como el acceso a la salud, al agua, a la alimentación o a un medio ambiente sano y limpio”. Todo ello, además de los impactos que tiene la masificación turística para la crisis de la vivienda y la calidad de vida en las ciudades; o las consecuencias que tendrá sobre el parque agrario construir la nueva pista sobre los terrenos protegidos de La Ricarda. Tal como recuerda el Observatori DESCA, la aviación es el método de transporte más contaminante y, a la vez, el que mayor crecimiento registra anualmente. Tanto que las previsiones son que, de cara a 2050, los aviones podrían pasar de consumir del 2,4 al 15% de los combustibles fósiles. Eso, en un escenario en el que el planeta sólo se calienta 1,7 grados. Aunque estos porcentajes podrían parecer pequeños, se debe tener en cuenta que el 80% de la población mundial jamás ha viajado en avión. “Se trata de un gran problema provocado por muy poca gente”, apuntan las investigadoras, que todavía hilan más fino: el impacto del uso que suele hacer la mayoría de población que sí vuela (para unas vacaciones al año o visitas puntuales a otra ciudad) no se puede comparar al de los llamados ‘viajeros frecuentes de élite’. Estos pasajeros, que son los que realizan entre 50 y 90 vuelos al año, son los responsables de la mitad de la contaminación asociada a la aviación, aunque no llegan a representar ni un 1% de la población mundial. “Ante esta lógica de que la responsabilidad climática recae sobre gente poderosa, mientras que sus impactos afectan a los más pobres y vulnerables, hay que poner una línea roja a las ampliaciones aeroportuarias”, concluyen las autoras del estudio, que también apuestan por impuestos progresivos a los vuelos frecuentes. “Es incompatible continuar aumentando la capacidad aeroportuaria en un contexto de emergencia climática”, insisten. En esta línea, apuntan a que la propuesta de ampliación de El Prat es “incompatible” con algunas obligaciones jurídicas vinculantes a las que la Generalitat y el Gobierno se han comprometido mediante la firma de tratados como el Acuerdo de París o el Pacto Verde Europeo. Por ello, hacen suyas las propuestas de Zeroport, plataforma ciudadana contraria a la ampliación, que apuesta por sustituir los vuelos cortos por trayectos en tren o ferrocarril que tengan una duración de menos de siete horas y que estén a distancias inferiores a 1.000 km. También por la creación de un plan vinculante que obligue a AENA a rebajar las emisiones de sus aeródromos, así como un impulso de la transparencia en estas infraestructuras.

elDiario.es•Sandra Vicente